La seguridad como problema y como condición de tranquilidad, se comenzó a acentuar en nuestros análisis desde el proceso constitucional de 2022. Hoy aparece un claro acuerdo en que esta es la principal preocupación de quienes viven en Chile. Temáticas que habíamos visto con frecuencia durante los últimos años como la educación, salud o pensiones aparecen relegadas a un segundo plano dada la urgencia del momento presente.

La seguridad marca las narrativas sobre la comuna, el barrio y la vida, definiendo la forma en la que las personas parecen estar viviendo. Los participantes sienten que el país en su conjunto está afectado y no sólo partes de él o grupos de personas en particular. La seguridad siempre ha aparecido como un tema de preocupación, pero hoy se extiende a grupos identitarios o colectivos sociales en los que habitualmente no hablaban de estas temáticas o lo hacían desde otra perspectiva, como por ejemplo, los jóvenes.

Cuando el concepto de seguridad es tratado a nivel local (comuna, barrio, calle) aparecen relatos relacionados con la experiencia y percepción cotidiana de inseguridad, expresados en torno a la sensación de pérdida respecto de los espacios públicos, barrios seguros y calles tranquilas.

Así también se reporta una pérdida de espacios de recreación para niños y niñas, espacios de esparcimiento y el tránsito por lugares de libre circulación que ahora son percibidos como inseguros y que, por la misma razón, son evitados.

Frente a esta situación, las demandas o propuestas de solución al problema de seguridad a nivel comunal giran en torno a medidas concretas como un aumento de la dotación, control y vigilancia policial. Al respecto, las ideas de las personas se pueden categorizar en tres grupos de anhelos: control, norma y castigo.

Es decir, para algunos debe haber un mayor control o vigilancia policial en el territorio, que pueda dar una mayor seguridad; para otros, debe haber normas adecuadas que permitan a las personas tener la certeza de que los delitos son identificados y son sancionados proporcionalmente; finalmente, las personas plantean que debe haber castigos adecuados o proporcionales al daño percibido por las personas.

La percepción de los participantes respecto al problema de seguridad tiene como componente fundamental la relación con el extranjero. Los participantes establecen una relación directa y explícita entre inseguridad, migración irregular y ciertos tipos de delitos o conductas violentas.

Sin embargo, esta percepción del migrante pareciera tener ciertas características. Por un lado, estaría ligada, en la conversación de las personas, a la limitada capacidad del país de acoger altos niveles de migración y a una sensación de desorden general al respecto, ante lo que consecuentemente surgen demandas de orden y control. Por otro lado, pareciera estar íntimamente ligada, específicamente, a la migración indocumentada, irregular o aquella asociada a delitos y no intrínsecamente a su condición de extranjero como tal. En mucho menor medida surgen narrativas respecto a sus diferentes estilos de vida o costumbres.

Como ya hemos mencionado, las respuestas son convergentes en torno a la preocupación por la seguridad o la necesidad de mayor control y vigilancia policial. Sin embargo, cuando miramos más allá de los dos o tres temas más mencionados, comienzan a aparecer algunos matices.

Luego de la seguridad, entre las preocupaciones de los participantes aparecen aquellas relacionadas con otros aspectos de la vida como la resolución de necesidades básicas, el trabajo, el sueldo, la salud y el estado de variables económicas. En especial lo que en otros procesos hemos llamado la economía de las personas. Estas aparecen por lo general focalizadas en el bienestar de la familia como actor principal y deja en segundo plano una mirada sobre aquello que nos afecta colectivamente respecto de la mirada de futuro. Pero sí encontramos una mayor conexión del devenir económico del país con el de la ciudadanía.

Dado que el proceso participativo se realizó previo al resultado del plebiscito nacional del 17 de diciembre, inevitablemente surgen de manera espontánea algunas narrativas al respecto.

El proceso constitucional surgió tanto como factor de preocupación para algunos, como factor de tranquilidad para otros, siendo dos caras de la misma moneda.

El proceso parece ser un factor de preocupación cuando es percibido como causante de incertidumbre, generando un estado de ánimo negativo en todos los niveles (elites empresariales, políticas, ciudadanas, etc.). Pero también es valorado como un factor de tranquilidad, especialmente para quienes lo perciben como un puente, un camino, un proceso para alcanzar algo mejor.

A pesar de estas diferencias, el principal anhelo compartido por miradas a favor o en contra, era el cierre del proceso. El que adquirió en sí mismo un valor superior a cualquier potencial ganancia. El deseo y narrativa de la conversación mayoritaria, tanto para los que funcionaba como factor de estrés como para aquellos que era factor de tranquilidad, era que el proceso terminara.